Aula Segura: la dura violencia escolar de la que no se habla
Violencia escolar ::: Tráfico y consumo de drogas, amenazas y golpizas a profesores, ataques con arma blanca, asaltos y abusos entre alumnos. Así describen los profesores de liceos de cinco comunas populares la violencia cotidiana que enfrentan. Una situación crítica que no aborda –según los docentes entrevistados por CIPER- el proyecto Aula Segura, cuyo debate es monopolizado por los overoles blancos y las molotov en liceos emblemáticos. Hoy sí se puede expulsar por actos graves, pero por fallas burocráticas a veces la sanción se anula, creando un clima de impunidad. Lo que más temen es convertirse en receptáculo de alumnos conflictivos, agravando la violencia que ya sufren.
En junio de 2016, cinco alumnos del Liceo Valentín Letelier (comuna de Recoleta), atacaron con bombas molotov a un piquete de Carabineros. El director del establecimiento, Víctor Jofré, los expulsó. Lo hizo dos años antes de que el gobierno enviara a trámite parlamentario la Ley de Aula Segura, cuyo objetivo es que los directores de colegios puedan expulsar a los alumnos que cometen faltas gravísimas. Una facultad que, como lo demuestra el caso de Jofré, los directores ya tienen: estadísticas de la Superintendencia de Educación, citadas por La Tercera, indican que en el último año, 745 escolares fueron expulsados en todo el país, con un promedio de seis por semana.
A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, oposición y gobierno han puesto el debate del proyecto Aula Segura en blanco y negro. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera difundió un tweet que puso a los senadores entre la espada y la pared: o están del lado de los estudiantes que quieren aprender en paz o de los “delincuentes con overol” (en referencia a los ultraizquierdistas o anarquistas que arrojan bombas molotov en violentas protestas sin petitorios). Así puestas las cosas, el 76% de los consultados por una encuesta Cadem (408 personas) apoyó la iniciativa del gobierno, bajo la errada creencia de que hoy los escolares violentos gozan de impunidad.
CIPER recorrió liceos de cinco comunas con alta población vulnerable (Puente Alto, La Pintana, Recoleta, Renca y Quinta Normal). Allí preguntamos qué piensan sobre el proyecto de ley los profesores que se enfrentan a diario con una violencia escolar dura, que no es la de las molotov y los overoles, sino de chicos que trafican drogas en las salas, amenazan con armas blancas, golpean a profesores, asaltan y abusan a sus propios compañeros. Y todos rechazan el proyecto de ley, por insuficiente.
De los 745 alumnos expulsados en 2017, el 49% de ellos lo fue por agresiones contra sus compañeros, el 14% por violencia contra docentes o asistentes de la educación y 37% por otros motivos de gravedad, como porte de armas y tráfico de drogas. Pero de esa violencia, que se está “normalizando” en los liceos de comunas populares, prácticamente nadie ha hablado en el debate de sordos en que se ha convertido la tramitación de Aula Segura.
Hasta ahora, tras su paso por el Senado y su ingreso a tramitación en la Cámara, el único cambio concreto que ofrece el proyecto es que acorta el plazo para hacer efectiva la expulsión de un alumno por actos violentos: hoy puede tomar sobre 20 días y de aprobarse la nueva ley quedaría en no más de 15. Un avance muy poco significativo, a juicio de los docentes consultados por CIPER.
Aunque en La Moneda aseguran que todo aquel que está en contra de su proyecto está del lado de los violentistas, el recorrido de CIPER por liceos de zonas vulnerables muestra lo contrario. Todos los profesores consultados –la mayoría pidió la reserva de sus nombres por temor a represalias– concuerdan en que los alumnos que cometen faltan gravísimas deben ser expulsados, pero aun así no están de acuerdo con la ley propuesta.
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