A 100 años de la instrucción primaria: la promesa pendiente de una educación para la justicia social
Por Loreto Jara (Fundación 2020) ::: En pleno 2020, en medio de una pandemia que ha puesto de cabeza prácticamente todas las dimensiones de la vida social, conmemoramos los 100 años de una de las leyes más emblemáticas de la historia de la educación chilena: la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que mandató que los padres debían enviar a sus hijos al colegio por al menos cuatro años.
Esta ley resultó tan especial por la profundidad del cambio propuesto, pero también por la densidad de una discusión que, períodos más, períodos menos, tardó 18 años en materializarse. En síntesis, la discusión indicaba como argumentos a favor el fortalecimiento de lo público, la importancia de la educación para una vida digna y el desarrollo del país y la necesidad de formar niños íntegros, felices y amantes de la democracia; muy en sintonía con las ideas de John Dewey, que calaron hondo en los educadores de la época.
Y, los argumentos en contra: dificultades de implementación por la cantidad de escuelas disponibles, la necesidad de definir los límites de la injerencia del Estado en las decisiones –y creencias religiosas- de las familias y la relevancia de centrar las reformas educativas en educación secundaria con foco productivo. Algo conocidos resultan esos discursos, ¿no?
Finalmente, la promulgación de la ley se celebró con bombos y platillos, pero sus efectos en la práctica fueron algo limitados. ¡Oh, sorpresa! Gran parte de la población vivía tales niveles de pobreza y precariedad que sus niños eran parte de la fuerza de trabajo familiar y, por tanto, la escuela representaba un estorbo para la subsistencia.
Con este diagnóstico, comienza a perfilarse el concepto de auxilio escolar en el país, señalando que elementos relativos al bienestar –alimentación, alpargatas y salud-, serían la clave para reducir el ausentismo. Eloísa Díaz, primera mujer médico de Chile, fue pionera en higiene escolar, comenzando a impulsar el desayuno obligatorio, la vacunación masiva y la lucha contra el raquitismo, la tuberculosis y el alcoholismo, además de las colonias de verano.
Cien años después, llegamos al 2020, en un mes de marzo que venía a retomar el final abrupto del año escolar anterior dados los efectos de la crisis sociopolítica del 18 de octubre. La historia la conocemos: el Covid-19 obligó a suspender las clases presenciales apenas comenzadas; estudiantes y docentes en sus casas, aparataje tecnológico a toda máquina para hacer clases online y aprender a través de internet.
Si 12 mil escuelas hay en Chile, 12 mil han sido las formas en que se ha vivido este proceso. Quedó en evidencia, en el camino, que el 40% del estudiantado de la educación pública no tiene acceso a internet, que el 80% no tiene un ambiente de concentración para estudiar en sus casas y que la gran mayoría de los niños y niñas siente aburrimiento, ansiedad y estrés*. Y desde los territorios, surgió la preocupación porque las canastas de alimentación Junaeb podían resultar insuficientes; y un detalle no menor -¡oh, sorpresa otra vez!- que las condiciones de vulnerabilidad podrían estar exponiendo a niños y niñas a diversas situaciones de vulneración de derechos.
Aquí estamos, en medio del escenario más incierto que haya experimentado la educación en Chile; con dilemas de larga data y problemas que, antiguos como la humanidad, nos obligan a hacer las cosas de un modo distinto. Persisten la pobreza y la vulnerabilidad y perviven discursos políticos que fácilmente evocan los orígenes de nuestra vida republicana.
Afortunadamente, en medio de la crisis, y en plena discusión de cuándo y cómo retornar a las clases presenciales, han ido surgiendo respuestas creativas e innovadoras desde las propias comunidades educativas, que han ido haciendo enormes esfuerzos para alcanzar aprendizajes de calidad; pero son esfuerzos que no pueden sostener sin la ayuda del Estado y los gobiernos locales.
Cuando se cumplen 100 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, ¿será que no desperdiciamos esta nueva cuestión social y avanzamos, ahora sí que sí, en los cambios urgentes que se necesitan? Hoy, cuando existe el riesgo de que alrededor de 81 mil estudiantes terminen abandonado la escuela este año, se hace más importante que nunca la promesa de una educación para la justicia social.
* Cifra de conectividad es de la Dirección de Educación Pública, mientras que las cifras de condiciones son de la encuesta #EstamosConectados realizada por Educación 2020.
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